27N, la historia de un baño de sangre

141 civiles y 29 militares cayeron en una última intentona de 1992

Militares y civiles estuvieron involucrados en la segunda asonada que le dieron a Carlos Andrés Pérez en 1992. El plan de los insurrectos era establecer una junta de gobierno cívico-militar, compuesta por seis civiles y un militar de cada fuerza antes de llamar a elecciones. Se estima que fueron 800 millones de bolívares en pérdidas económicas.

 

 

 

El 27 de noviembre de 1992, el gobierno de Carlos Andrés Pérez sería amenazado, por segunda vez en ese año, por una intentona golpista. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe, el fracaso de las salidas institucionales, a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado del 4 de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas.

 

Las acciones comenzaron en horas de la madrugada y se prolongaron hasta las 5:00 de la tarde cuando, tras la rendición de los insurrectos, se produjo la suspensión de las garantías constitucionales para terminar con las acciones de calle y retomar el control social en la capital.

 

Los golpistas también hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989: la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las FF AA. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar una “auténtica democracia”.

 

El plan
El plan trazado por los alzados en armas era que una vez logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por seis civiles y cuatro militares, uno por cada arma. Los cargos de Presidente y uno nuevo de Primer Ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a dos civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones “una vez logrados total o parcialmente los propósitos” de la misma.

 

Pérdidas
Iván Darío Jiménez, ministro de la Defensa, informó que los enfrentamientos dejaron 17 aviones averiados, cuatro aviones Broncos derribados y los daños a instalaciones militares ascendían 800 millones de bolívares aproximadamente. Cifras extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles y 29 efectivos militares (171 personas en total). Se contaron 95 heridos castrences. Se detuvieron 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.

 

Involucrados
Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las cuatro ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE). La Guardia Nacional no se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 de la madrugada del día 27. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4:00 pm, en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación.

 

Sancionados
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.

 

Acciones de guerra
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero

 

Así fue el otro golpe
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.

 

Según cifras aportadas por el Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno de la época, hubo más de 50 muertos (17 de ellos soldados), más de 50 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas materiales.

 

En el golpe estuvieron involucradas las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el desaparecido Distrito Federal, en una acción llamada “Operación Zamora”.

 

Fuentes: TSJ, Vive TV, Fundación Polar.

 

Quince años después del golpe de Estado de 1992 las críticas en contra el Ejecutivo nacional son las mismas

Gobierno en manos golpistas

El 13 de enero de 1993, el Consejo Supremo de Guerra de Caracas dictó sentencia en contra de los involucrados en el golpe del 27 de noviembre de 1992. La ponencia estuvo a cargo de Alejandro Angulo Fontiveros.

Los involucrados pudieron retornar a la vida en libertad y en calidad de civiles tras recibir el indulto presidencial por parte de Rafael Caldera. Versión Final les presenta a quienes, luego de este beneficio, incursionaron en la arena política nacional, así como otros que pasaron al olvido.

Los responsables militares emblemáticos de esta asonada fueron:

Contralmirante Hernán Grüber Odremán
Ex gobernador del Distrito Federal. Fungió como jefe de la operación y dirigió el alzamiento desde el Museo Histórico Militar de La Planicie. Fue sentenciado a la pena de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar, previsto en el artículo 476, ordinal 1º del Código de Justicia Militar. Su condena terminaría en 7 años.

Contraalmirante (ARV) Luis Enrique Cabrera Aguirre
Miembro del Estado Mayor Presidencial. Fue uno de los cabecillas de la asonada golpista y uno de los pocos oficiales de la Armada. Al fallar la insurrección fue puesto preso en el Cuartel San Carlos junto con sus compañeros de armas hasta su liberación. Condenado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. En el 2014 cumpliría su sentencia.

Tcnel. (Av) Wilmer Alfredo Castro Soteldo
Ex constituyente, ex ministro de Producción y Comercio y de Turismo. Su pena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. No habría ocupado ninguno de estos cargos hasta el 2014 que cumpliera con la pena impuesta, es decir, dentro de siete años.

 

 

Teniente Coronel (Av) William Ramón Fariñas
Fue presidente del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei). Su condena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar. Este plazo establecia que su libertad seria retomada en el año 2014. Actualmente coordina el Psuv-Nueva Esparta.

 

Teniente Coronel (Av) Luis Ramón Reyes Reyes
Gobernador del estado Lara. Uno de los hombres de confianza del presiden Chávez.Por su participación en los hechos del 27 de noviembre de 1992 se le impuso una pena de veintidós (22) años de presidio. Su salida de prisión estaría prevista para el 2014, pero fue indultado por Rafael Caldera.

 

Teniente (Ej) Jesse Alonso Chacón Escamillo
Ministro de Telecomunicaciones. Encargado de tomar las instalaciones del canal 8 (VTV). Recibió veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En la actualidad le faltarían 7 años para cumplir con su sentencia. Muchos lo responsabilizaron de muertes innecesarias en VTV.

 

Teniente (Ej) Eliecer Reinaldo Otaiza Castillo
Director del Sistema Nacional de Contrataciones. Su participación le llevó a una sentencia de 22 años de presidio. Fue absuelto en el gobierno de Caldera de su delito de rebelión militar en grado adherente. Para 2014 estaba prevista su salida de prisión.

 

Gral. de Brigada (Av) Francisco Visconti Osorio
Por muchos es considerada la figura principal de la insurrección. Comandó las principales acciones de las fuerzas insurgentes en la base aérea Libertador. Al ver que la intentona estaba siendo repelida con éxito por militares institucionales decidió huir del país sin afrontar la situación. A las 3:00 de la tarde un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Solicitaron asilo político y les fue concedido.

 

Coronel (Av) Jorge Garrido Martínez
Comandó las acciones en la base Sucre, bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. Fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. Le restarían siete años de condena. Fue beneficiado en el indulto otorgado por parte del ex presidente Rafael Caldera a los golpistas. Tras su participación en la intentona se vinculó en la carrera política junto con Francisco Arias Cárdenas, pero su paso por este ámbito fue fugaz.

 

Teniente Coronel (Ej) Raúl Enrique Salmerón
Ex alcalde del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda hasta el año 2005. Pese a su conocida amistad con el hoy presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con quien llegó a jugar beisbol en la Fuerza Armada, falló en sus aspiraciones de ser reelecto en el cargo. Salmerón fue sentenciado a veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En el año 2014 cumpliría su condena. Sin embargo, las cosas no ocurrieron así gracias al indulto presidencial de Rafael Caldera.

 

Mayor (GN) Carlos Jesús Salima Colina
El hoy gerente del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Región Centroccidental fue uno de los alzados en armas del 27 de noviembre y fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar. En el 2014 retomaría su participación en la vida civil. En varios homenajes a los insurrectos el 27N, recibió de parte del presidente Hugo Chávez, elogios por su determinación en aquel día sangriento.

Condenados a 27 años:
Capitán de navío (Arm.) Ramón Emilio Rodríguez Chacín; teniente coronel (Av.) Ricardo José Delon Romana; mayor (Ej.) Edgar Ramón López; y el capitán (Ej.) José Gregorio Valera Rumbos.

 

Condenados a 22 años:
Teniente de fragata (Ar.) Arne Stevenson Chacón Escamillo; mayor (Av.) Marisela Arévalo Rauseo; coronel (Ej.) Jacinto Arturo Colmenares Morales; teniente coronel (Ej.) Luis Guillermo Pineda Castellanos; teniente coronel (Ej.) (r) Miguel Armando Madriz Bustamante, capitán de fragata (Ar.) Carlos José Reyes Rodríguez; teniente coronel (Av.) José Antonio Arévalo Colmenares; teniente coronel (Av.) Jesús Juan Guiar; teniente coronel (Av.) José Alí Jiménez; teniente coronel (Av.) Dalmiro Pastor Meléndez; teniente coronel (Av.) Antonio Rojas Pixner; teniente coronel (Av.) Pedro José Torres Finol; teniente coronel (Av.) José del Valle Villarroel Suegart; Mayor (Av.) Roberto Andelmetti Bergo; mayor (Av.) Ricardo Arangua Lumbierres; mayor (Av.) Pedro Miguel Arroyo Mejías; mayor (Av.) Norbis José Añez Valbuena; mayor (Av.) José Berroterán Acosta; mayor (Av.) Carlos García Contreras; mayor (Av.) Jesús Ibarra Delgado; mayor (Av.) Carlos Alberto López Borjas; mayor (Av.) José Rafael Osuna Olivieri; mayor (Av.) Hiran Enrique Pérez Santaella; capitán (Ej.) Rubén Oswaldo Garaicoa López; capitán (Av.) Alexis José Colina Sánchez; capitán (Av.) José Almerida González; capitán (Av.), Oswaldo Espinoza Wasner; capitán (Av.), José Gregorio Martín Rincones; capitán (Av.), Alfonso Javier Ortiz; capitán (Av.) Leonardo Frank Ovalles De Pablo; capitán (Av.) Luis Alberto Plaza Paz; teniente (Ej.) Daniel Alejandro Falotico Ortiz; teniente (Ej.) Efrain Javier López Rodríguez; teniente (Ej.) Carlos Raúl Tang Villanueva; teniente (Ej.) José Alberto Mecías Sánchez; teniente (Ej.) Alejandro Ramón Maya Silva; teniente (Av.) Rafael Arturo Brito; Teniente (Av.) Wiliam (Sic.) Eduardo Cestaris Navarro; teniente (Av.) José Rafael Cordero Urguelles; teniente (Av.) Edgar Valentín Cruz Arteaga; y el teniente (Av.) Arturo José Tariba Guillén.

 

Condenados a 14 años:
Miguel José Vivenes Escobar, Raúl Antonio Varela Marín, Ronny Hernis Vegas Chirinos, Eduardo José Garrido, Ranihery José Yajaro Yánez, Luis Roberto Rodríguez y Angelo Mario Aufiero Morales.

 

Condenados a 7 años:
Capitán De Corbeta (Arm), Diego Hernández Guzmán Molinos y el Teniente (Ej) Wilfredo José Morales Márquez.

Semanario Versión Final, Venezuela.

4 de febrero de 1992

Durante los días 3 y 4 de febrero de 1992 tuvo lugar un intento de golpe de Estado en Venezuela, cuando ocupaba la presidencia de la República Carlos Andrés Pérez. Estuvieron comprometidas en la asonada guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal. La asonada se inició en la tarde del día 3 y estalló en la noche, al retornar al país el presidente Pérez, luego de su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos (Suiza). El movimiento fue debelado e informado el alto mando del Ejército y el ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, acerca del mismo. No obstante, los insurrectos continuaron su plan, aun cuando muchas unidades inicialmente comprometidas en el alzamiento no se rebelaron. La acción fue denominada por los insurgentes como Operación Zamora. Los responsables eran miembros de una agrupación informal existente dentro de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR-200. Dicho movimiento fue fundado en 1983 por los entonces capitanes del Ejército Hugo Chávez Frías, Felipe Acosta Carlés y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban como instructores de la Academia Militar. Sus miembros eran destacados oficiales del Ejército, de gradación media, por lo que el movimiento también se conocía por los siglas de COMACATE, haciendo alusión a los grados de comandantes, mayores, capitanes y tenientes y tenientes coroneles de sus miembros. Poseían una formación universitaria además de militar y ejercían una gran influencia sobre las tropas bajo su mando. Buena parte de los integrantes pertenecían a la promoción Simón Bolívar, egresada de la Escuela Militar en 1975. Compartían círculos de discusión sobre el desenvolvimiento político y económico nacionales, y habían desarrollado una posición crítica respecto a la situación de la institución militar y del país. La idea de cambiar el rumbo del país a través de un golpe de Estado se había ido incubando progresivamente en el grupo. El MBR-200 tenía una orientación ideológica nacionalista y revolucionaria. Sus fuentes de inspiración doctrinal eran el pensamiento bolivariano, las ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. La Operación Zamora tenía como objetivo derrocar al presidente Pérez para someterlo a juicio por diversos delitos, y la sustitución del Gobierno vigente por una Junta de Reconstrucción Nacional, compuesta por «elementos progresistas» civiles y militares. Las razones aducidas para intentar este golpe de Estado fueron la gestión económica y política del presidente Pérez; el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares; la subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión de los disturbios originados por el estallido social del 27 de febrero de 1989; el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia; el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas; el empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización, etc. Desde el punto de vista de los alzados, su acción se justificaba para hacer cumplir a cabalidad el artículo 132 de la Constitución Nacional, que consagra que la función de las Fuerzas Armadas es asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, el cual estaría siendo irrespetado por el gobierno de Pérez. Los principales dirigentes de la acción golpista fueron los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, jefe máximo de la operación, Francisco Javier Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras. El alzamiento en la región capital se condujo bajo la responsabilidad del teniente coronel Chávez Frías, quien dirigió las acciones desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, y del teniente coronel Joel Acosta Chirinos, quien comandó las operaciones en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. En las guarniciones militares del Distrito Federal y del estado Miranda actuaron la brigada de paracaidistas batallón José Leonardo Chirinos, el grupo de caballería motorizada Ayala, una compañía del regimiento de ingeniería Agustín Codazzi, el grupo de artillería José Félix Ribas y el batallón Antonio Nicolás Briceño. También estaban comprometidos en la asonada una compañía de tanques provenientes de la brigada blindada de Valencia y una compañía de misiles antitanque Mapat proveniente de San Juan de los Morros, los cuales fueron detenidos antes de llegar a Caracas. Los combates en la región capital se iniciaron hacia las 11 p.m. del día 3 y los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar en la residencia presidencial La Casona, en el Palacio de Miraflores y en la base aérea Francisco de Miranda. Otras acciones tuvieron lugar en el Fuerte Tiuna, donde se iniciaron las acciones golpistas, en las comandancias generales del Ejército y la Armada, en el Comando Regional núm. 5 y el Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, la sede de la DISIP en El Helicoide, en la sede de la Comandancia de la policía Metropolitana en Cotiza y en Venezolana de Televisión (canal 8). El presidente Pérez logró sortear la situación con éxito. A su llegada de Suiza estaban esperándolo en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía el general Fernando Ochoa Antich y el ministro de Relaciones Interiores, Virgilio Ávila Vivas. El general Ochoa Antich, quien había sido informado acerca del movimiento, se trasladó al aeropuerto desde las 3 p.m. del día 3 a fin de desarticular un operativo supuestamente destinado a detener al presidente a su arribo. Pérez fue informado de los acontecimientos durante el trayecto hacia Caracas; no obstante subestimó la gravedad de la situación, quizá por la proliferación de rumores de golpe de Estado en los meses que precedieron a este intento, y resolvió permanecer en la residencia presidencial. Sin embargo, hacia las 11 de la noche, después que el general Ochoa Antich le informó telefónicamente desde el Fuerte Tiuna acerca de un alzamiento en el Fuerte Mara en el Zulia, el presidente salió desde su residencia hacia el Palacio de Miraflores, lo que le permitió evadir por escasos minutos el asedio a La Casona. La residencia presidencial, donde permanecieron la primera dama y una hija, fue atacada por el batallón de paracaidistas José Leonardo Chirinos y defendida por el batallón de custodia y por unidades de la DISIP y de la policía municipal de Sucre, produciéndose un intenso combate entre las fuerzas leales y los sublevados. Mientras tanto, hacia las 12 p.m., el Palacio de Miraflores fue atacado por tanques y por una unidad de paracaidistas. Los insurrectos forzaron la puerta principal y redujeron a la guardia de prevención, produciéndose intensos combates con saldos de muertos y heridos para ambas partes. En la puerta que comunica con el despacho presidencial los insurrectos fueron repelidos por un edecán del presidente y un grupo de guardias de honor y escoltas civiles. Nuevamente el presidente logró escapar, esta vez por la puerta del estacionamiento del edificio Bicentenario, pasando por un túnel. Lo acompañaban el jefe de la escolta civil y un edecán. Esta vez la caravana presidencial se dirigió hacia el canal 4 de televisión (Venevisión), desde donde se improvisaron varias alocuciones al país. Poco después de la 1 a.m. tuvo lugar la primera aparición televisiva de Pérez, quien informó acerca de la situación y condenó el movimiento insurreccional. Hacia las 2 a.m. el presidente volvió a dirigirse al país, haciendo una relación de los mensajes de adhesión que había recibido de diversos mandatarios extranjeros e instituciones, y, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas ordenó a los insurrectos deponer las armas. Luego intervino Eduardo Fernández, para el momento secretario general del partido COPEI, quien expresó ante las cámaras su repudio al golpe y su adhesión al Gobierno y a las instituciones democráticas. Otras personalidades del mundo político y de diversas organizaciones sociales se presentaron en el canal de televisión y ante las cámaras hicieron llamados semejantes. Las intervenciones televisivas del presidente Pérez fueron cruciales para definir el rumbo de los acontecimientos, puesto que desalentaron a las fuerzas insurrectas y transmitieron la impresión de que el Gobierno controlaba la situación desde los primeros momentos. Si bien la Operación Zamora incluía la toma de los medios de comunicación, ello no pudo concretarse. Un grupo insurrecto se movilizó hasta Radio Caracas Televisión (canal 2) con la intención de transmitir una cinta de video con la grabación de sus proclamas e intenciones; no obstante, fueron disuadidos por el personal de guardia, quienes les aseguraron que su cinta era incompatible con los equipos de la emisora. El general Ochoa Antich se colocó al frente de las operaciones de las fuerzas leales. El Gobierno enfrentó la insurrección haciendo uso de unidades de policía, del batallón de infantería Simón Bolívar, de la 31 brigada de infantería, algunas unidades blindadas del batallón Ayala, del destacamento 51 de la Guardia Nacional, y de aviones Bronco, Tucán y F16. La rendición de los insurgentes comenzó una vez que las tropas leales retomaron el Palacio de Miraflores a las 4 a.m. y se prolongó hasta cerca del mediodía del día 4, cuando se entregó el máximo líder de la operación, el comandante Hugo Chávez Frías. El presidente Pérez retornó al Palacio una vez que fue recuperado por las fuerzas leales. La acción golpista en el estado Zulia resultó la más exitosa. El responsable de la operación (denominada Reconstrucción 92) fue el teniente coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, quien se desempeñaba como comandante del grupo de artillería misilística José Tadeo Monagas. Se sublevaron el batallón de infantería mecanizada Francisco Aramendi, la batería de artillería de defensa aérea y el grupo de artillería de campaña Pedro María Freites. La residencia oficial del gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz, fue tomada a las 12 p.m., y desde la misma el comandante Arias Cárdenas se proclamó gobernador militar del estado, dando a conocer a través de una emisora radial los motivos del golpe y los principio del MBR-200. Fueron tomados el puente sobre el lago de Maracaibo, el cuartel Libertador, los destacamentos 33 y 35 de la Guardia Nacional, el Cuartel de Patrulleros de la Policía del Estado, la sede de la DISIP, instalaciones petroleras de las costa oriental del lago, el comando de la Primera División de Infantería y de la Guarnición Militar del estado Zulia, la base aérea General Rafael Urdaneta, el Aeropuerto Internacional La Chinita, el Comando Regional 3 de la Guardia Nacional y la estación de guardacostas de la Armada, el canal 11 de televisión, varias estaciones de radio y las vías de acceso a Maracaibo. En vista del fracaso de las operaciones en Caracas, Arias depuso las armas. La rendición de los sublevados se inició hacia las 11 a.m., y fue total hacia la 1:30 p.m., gracias a la mediación de monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo, y luego de vuelos rasantes de 2 aviones F-16 y de 2 aviones Bronco sobre el Cuartel Libertador, último bastión de los rebeldes. En Maracay se sublevaron 3 batallones de la 41ª Brigada de Infantería Paracaidista y el batallón García de Sena, al mando del teniente coronel Jesús Urdaneta Hernández, y el batallón de cazadores General Vásquez, al mando del teniente coronel Jesús Ortiz Contreras. Los insurgentes atacaron la sede del comando de la IV División de Infantería, la base aérea Libertador, los cuarteles Páez y San Jacinto y la base Escuela Mariscal Sucre. Los combates más intensos se escenificaron en el Cuartel Páez, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, en el Cuartel La Placera, y en la base Libertador. Los rebeldes rodearon la base, pero no lograron ingresar en ella ni utilizar los aviones. Desde tempranas horas del día 4, aviones y helicópteros leales de la fuerza aérea sobrevolaron estas zonas y al mediodía la insurrección fue controlada, aunque persistieron focos dispersos de combate en Palo Negro y en La Placera. En la guarnición de Valencia actuaron el batallón blindado Pedro León Torres, el grupo de artillería de campaña Lara, el batallón de apoyo José G. Lugo, una compañía de comunicaciones y una compañía de honor. Durante aproximadamente 15 horas los insurrectos controlaron varios puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Comando Regional núm. 2 de la Guardia Nacional. Los golpistas tomaron la estación de radio Mundial, desde donde difundieron sus consignas. También tomaron la sede de la policía del estado, el aeropuerto internacional Arturo Michelena y establecieron sus operaciones en el Fuerte Paramacay, sede de la brigada blindada. Atacaron los puestos de la Guardia Nacional en Tocuyito y en La Cabrera, la sede de la compañía 24 de junio en el Campo de Carabobo. Aviones F-16 y helicópteros Super-puma, piloteados por oficiales leales al Gobierno sobrevolaron las zonas donde los rebeldes operaban y realizaron vuelos de reconocimiento en Naguanagua. El gobernador del estado denunció que tropas insurgentes entregaron armas, municiones y uniformes a estudiantes de la Universidad de Carabobo, 3 de los cuales resultaron heridos de gravedad, con lo cual se evidenció la participación de civiles en estas acciones. El sometimiento de los insurrectos se logró hacia las 4 p.m., del día 4. El comandante Chávez Frías se hallaba acantonado en el Museo Histórico Militar de La Planicie, en Caracas, desde donde debía dirigir las operaciones. Persuadido por el general Ochoa Antich y ante la evidencia del fracaso de la operación, se rindió, desplazándose hacia la sede del Ministerio de la Defensa. A solicitud del alto mando de las fuerzas leales y acompañado por miembros del alto mando militar hacia la 1 p.m., el comandante Chávez se dirigió al país en una improvisada alocución. En su breve mensaje, asumió la responsabilidad del movimiento y solicitó a las fuerzas aún rebeldes de Aragua y Valencia que se rindieran ante el fracaso de la operación en Caracas, para evitar mayores derramamientos de sangre. Esta corta aparición ante las cámaras de televisión le valieron una instantánea e intensa popularidad, que si bien contribuyó al cese de las hostilidades, constituyó un grave revés político para el Gobierno. A consecuencia de este intento de golpe de Estado, el presidente en compañía del Gabinete Ejecutivo decretó la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, así como el establecimiento de un toque de queda. Durante la mañana del 5 de febrero se convocó a una sesión bicameral extraordinaria en el Congreso, con el propósito de presentar a la consideración del Poder Legislativo el mencionado decreto. Por acuerdo de las fracciones políticas se resolvió no debatir la materia sino formular un comunicado de condena al intento de golpe. No obstante, el para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, desatendiendo el acuerdo previo, pronunció un polémico discurso en el que desestimó la tesis del magnicidio como motivación de la insurrección y formuló su propia interpretación de las razones que habían llevado al intento de golpe y producido las manifestaciones de simpatía hacia el mismo. Ello generó un intenso debate en el hemiciclo, el cual fue transmitido por los canales de televisión. El discurso de Caldera le valió una gran popularidad, y con el mismo se inició la campaña ascendente que lo llevó a la presidencia de la República en diciembre de 1993. Diversas instituciones del Estado y organizaciones sociales repudiaron el intento de golpe y manifestaron su adhesión al orden democrático. En la población no se produjeron movilizaciones de apoyo al Gobierno o a la democracia. Diversos jefes de Estado de naciones democráticas enviaron sus expresiones de solidaridad al Gobierno y de rechazo a la asonada. César Gaviria, para el momento presidente de Colombia, convocó a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, que también produjo un pronunciamiento de condena a los golpistas y de adhesión al Gobierno y a la democracia en Venezuela. El ministro de la Defensa dio a conocer el día 5 el saldo de la asonada: 14 muertos, 53 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas materiales. No obstante, las estimaciones extraoficiales daban 50 muertos y más de 100 heridos. El comandante Chávez Frías y los oficiales de mayor rango involucrados en la insurrección fueron recluidos en el Cuartel San Carlos de Caracas y luego en la Cárcel de Yare en los valles del Tuy. A 2 semanas de este intento, el Tribunal Militar II de Primera Instancia Permanente de Caracas anunció que había 133 oficiales (entre los cuales 24 fueron acusados de dirigir la rebelión y el resto de ser adherentes) y 967 soldados sometidos a investigación. Con el tiempo, las causas de muchos de los militares presos fueron sobreseídas; otros fueron dados de baja, y otros indultados por el presidente Caldera en 1994 bajo la condición de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas, tal como sucedió con los oficiales que dirigieron la operación. M.K.

Fuente: www.fpolar.org.ve