El Nuevo País, Venezuela.
Opinión – Patricia Poleo.
23-02-2008 
 
 
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Para quienes no ejercemos la política como oficio, sino que nos dedicamos a reseñar los hechos que van tejiendo los hilos de la historia, es difícil olvidar esos hechos.

El drama de la Venezuela contemporánea es que los actores políticos más efectivos contra el Régimen, son los salidos de sus propias entrañas.  Los más recientes Ismael García, Raúl Isaías Baduel y Luis Tascón.

A pesar de que todo cuanto los tres personajes esgrimen contra el Régimen es absolutamente válido, es lamentable que sus actuaciones convalidando toda clase de irregularidades están demasiado recientes como para que podamos pasar la página y sólo seleccionar una parte de su discurso.

De Tascón hay muchas cosas para no olvidar pero el Apartheid que constituyó su famosa Lista aún causa estragos económicos, sociales y morales en millones de familias venezolanas.  ¿Cómo olvidarlo? 

El caso de Baduel está enquistado en la Fuerza Armada Nacional.

La destrucción de la Justicia Militar por ejemplo, es una de las deudas que Baduel tiene con la FAN… y con el país.

A raíz de los hechos ocurridos después del 11 de abril del 2002, Jorge Luis García Carneiro, entonces ministro de la Defensa, recibió órdenes para presionar al personal que ejercía en el área de la Justicia Militar en la forma siguiente:

García Carneiro reunió en la sede de la Corte Marcial a todos los jueces y fiscales militares del país, con asistencia del Director de Justicia Militar, el Presidente de la Corte Marcial (General de Brigada Nieto Carrillo) y el Fiscal General Militar (Coronel Eladio Aponte Aponte) a quienes advirtió que todas las decisiones debían ser conocidas previamente por el Ministerio para su aprobación.  Para el momento se iniciaban juicios tales como: El caso de los soldados quemados en Fuerte Mara, el juicio contra Francisco Usón, y el juicio contra el coronel Yucepe Pillery.

En esa reunión se conminó a jueces y fiscales militares para que acogieran el criterio del Ministerio, el cual sería transmitido por la Dirección de Justicia Militar y en caso de que no aceptaran ese lineamiento serían destituidos por “ineptitud”.

En el caso del Fuerte Mara se encontró responsabilidad en algunos oficiales y subalternos, no pudiendo aceptarse la propuesta ministerial para absolverlos, por lo tanto el juez militar, mayor (Av.) Alberto Santa Cruz Faverola, fue destituido de inmediato y dado de baja.  Fue relevado por el coronel (Ej.) Abdoniram Bello, quien se prestó para absolver a los comprometidos.

En el caso del general (Ej.) Francisco Usón Ramírez se le abrió juicio al señalar que las quemaduras producidas en el Fuerte Mara, pudieron ser producidas por la acción de un lanzallamas.  El juez militar designado fue el capitán de corbeta Alfredo Hernández Osorio, quien se negó a sentenciar la culpabilidad del referido general, alegando que el tribunal competente debió ser la Corte Marcial, dado su alta graduación.  Igualmente se procedió a destituir y dar de baja al juez referido.

En el caso contra el coronel Pillery se le abrió juicio al oficial tomando como base algunas grabaciones realizadas por la Dirección de Inteligencia Militar, no encontrándose base alguna para dictarle detención.  El juez militar era el teniente coronel (GN) César Rodríguez Urdaneta y el fiscal militar el teniente coronel (Ej.) José Gregorio Riscio, quienes no obedecieron la orden de detención al oficial y fueron destituidos y dados de baja.

Posteriormente fueron dados de baja la capitana de corbeta Berenice Osorio, al negarse a cumplir órdenes que colocaban en tela de juicio su autonomía funcional.

Luego, fueron designadas como jueces militares y fiscales, tres damas oficiales, quienes cumplen todas las órdenes recibidas directamente del ministro de la Defensa, al igual que la juez de control, teniente coronel Leida Coromoto Núñez Segura, quien cumple las órdenes “de arriba”, siempre con miras a su próximo ascenso al grado de coronel.

Al asumir el cargo de ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, nunca repuso esta situación.  A sabiendas de todo lo sucedido permitió que el coronel Eladio Aponte Aponte, fuese elevado al Tribunal Supremo de Justicia a presidir la Sala Penal.

La Ley Militar faculta a cualquier oficial a denunciar hechos de este tipo.  Baduel pasó por alto por ejemplo, el artículo 170 del Código de Justicia Militar, que reza: “Toda persona debe denunciar ante las autoridades militares, policiales y judiciales la preparación o comisión de delitos militares de los cuales tenga conocimiento”.

Estos hechos se convirtieron en injusticia, cárcel y destierro.  Y de todo eso estaba al tanto Baduel.  ¿Cómo olvidarlo?

MAÑANA: A QUIEN SE ENFRENTA TASCON.