El Nuevo País
Factores de Poder
Patricia Poleo
10-03-2008 
 
 
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Venezuela es un país en el que el abogado de un narcotraficante capturado en territorio venezolano y que es buscado con millonaria recompensa por los Estados Unidos, se da el lujo de dirigirse al presidente Hugo Chávez para exigirle que “se haga justicia” además de recordarle que él, Hugo Chávez también estuvo sometido a “injusticias” durante la Cuarta República.

El suceso que debería de ceñirse a las páginas rojas, pasa a las de política por el manejo que los implicados le dan, pero no solamente por eso.  El narcotraficante, cuya trayectoria serviría para un guión de película sin quitarle ni una coma, porta credenciales de la Disip, policía política venezolana, y de la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada, supuesto a combatir el tráfico de drogas, y al que pertenecen, por cierto, los oficiales que han sido señalados de formar parte del “Cártel del Sol”.

El abogado en cuestión para nada niega que su defendido portara esas credenciales.  El propio señalado en la sede de la Disip aseguró que la credencial se la entregó Pedro Luis Martins, mencionado en numerosas oportunidades en casos de este tipo.

Ramón Rodríguez Chacín tenía previsto dar ayer una rueda de prensa relacionada con el caso pero apenas el abogado del narcotraficante reconoció que sí portaba credenciales de los organismos de seguridad del Estado, el Ministro se vio obligado a aplazar el evento, toda vez que no se salvaría de la pregunta de algún periodista acerca de por qué un narcotraficante porta este tipo de documentos, que por cierto fueron retirados a quienes no eran realmente funcionarios apenas Hugo Chávez llegó al poder.

Mientras esto ocurre, en la sede de la Disip y otras cárceles como Ramo Verde, se pudren venezolanos, cuyos abogados no tienen derecho a exigir justicia para sus defendidos, víctimas de un Ministerio Público y un Poder Judicial que se ha convertido en la tenaza mortal de la disidencia política.

Para los periodistas, que apreciamos como profesional y como ser humano al reportero gráfico Jorge Aguirre, aquel a quien muchos recuerdan por haber tomado la foto de quien lo asesinó en la Plaza Venezuela mientras cumplía con su deber, no podemos dejar pasar por alto lo que está ocurriendo con su caso.

En medio del juicio contra el señalado como asesino, el ex policía de Chacao Boris Blanco, el único testigo del caso, Julio Canelón, el conductor que acompañaba ese día a Aguirre, confesó que el ex policía de Chacao preso no fue quien disparó al fotógrafo, y reconoció además que lo había acusado anteriormente porque agentes del CICPC y del Ministerio Público lo obligaron a hacerlo.

El viernes pasado, la familia de Aguirre, junto a la familia del policía preso injustamente, dieron una rueda de prensa para denunciar el giro que ha tomado el caso después de esta revelación.  El Ministerio Público está haciendo toda la clase de maniobras para impedir la continuidad de un juicio que seguramente expondrá al escarnio público tanto a CICPC como a la Fiscalía.

Para retrasar el juicio, el Ministerio Público ha solicitado un avocamiento al TSJ, y la ponencia de dicho avocamiento se la reservó la magistrada Deyanira Nieves, jefe de los defensores públicos de presos.  El detenido, quien carece de recursos económicos, está siendo defendido por una de estas funcionarias que dependen de Nieves, por lo que ha renunciado a la defensa alegando que no quiere perder su trabajo.

En este caso, ni Aguirre, asesinado en el ejercicio de su oficio, ni Boris Blanco, quien está preso injustamente acusado del homicidio, tienen quien le exija a los tribunales, al Ministerio Público y mucho menos al Presidente de la República que se haga justicia.  Lo lamentable es que hasta ahora no se ha manifestado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ni el Círculo de Reporteros Gráficos a los que pertenecía Aguirre.  Mucho menos la Cadena Capriles donde laboraba.  Tampoco la diputada Desireé Santos Amaral, supuesta gremialista del periodismo venezolano.  Todos callamos mientras se condena a un inocente y el verdadero culpable a lo mejor tiene hasta una chapa de funcionario.